El Gobierno español ha dado un paso decisivo en la lucha contra el acoso telefónico y el spam comercial al aprobar una orden que prohíbe a las empresas realizar llamadas no solicitadas a los usuarios sin su consentimiento expreso. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), busca proteger a los consumidores de prácticas abusivas que han ido en aumento en los últimos años, especialmente en sectores como las telecomunicaciones, la energía y los servicios financieros. La nueva normativa, que entra en vigor de manera inmediata, establece que las empresas solo podrán contactar a los usuarios si estos han dado su autorización previa, ya sea de forma escrita, verbal o mediante un sistema de doble verificación. Además, se refuerzan las sanciones para aquellas compañías que incumplan la ley, con multas que pueden alcanzar los 300.000 euros en los casos más graves.

La decisión llega en un momento en el que las quejas por llamadas comerciales no deseadas han alcanzado cifras récord. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en 2022 se registraron más de 20.000 reclamaciones relacionadas con este tipo de prácticas, lo que supone un aumento del 35% respecto al año anterior. Este fenómeno no solo afecta a la privacidad de los ciudadanos, sino que también genera un clima de desconfianza hacia las empresas que recurren a estas tácticas. Organizaciones de consumidores, como la OCU, han celebrado la medida, aunque han subrayado la importancia de garantizar su correcta aplicación. «Es fundamental que las autoridades vigilen el cumplimiento de la norma y que los ciudadanos conozcan sus derechos para poder denunciar cualquier incumplimiento», señaló un portavoz de la organización.

La nueva orden también ha sido bien recibida por las principales asociaciones empresariales, que ven en ella una oportunidad para mejorar la imagen del sector y fomentar prácticas comerciales más éticas. No obstante, algunas voces dentro del mundo empresarial han expresado su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en las pequeñas y medianas empresas, que a menudo dependen de las llamadas telefónicas como herramienta de venta. Para mitigar este efecto, el Gobierno ha anunciado que pondrá en marcha una campaña de información y asesoramiento dirigida a las pymes, con el objetivo de ayudarles a adaptarse a la nueva normativa y explorar alternativas de marketing más respetuosas con el consumidor.

La regulación no solo afecta a las llamadas telefónicas, sino que también se extiende a otros canales de comunicación, como los mensajes de texto (SMS) y los correos electrónicos. En este sentido, la orden establece que las empresas deberán identificar claramente el remitente y ofrecer una opción sencilla para darse de baja de estas comunicaciones. Además, se prohíbe el uso de números ocultos o genéricos, una práctica habitual en el spam telefónico. Estas medidas se alinean con las directrices de la Unión Europea, que en los últimos años ha intensificado sus esfuerzos para combatir el spam y proteger la privacidad de los ciudadanos. De hecho, España no es el único país que ha decidido tomar cartas en el asunto. En países como Alemania y Francia, las normativas similares han demostrado ser efectivas a la hora de reducir el número de llamadas no deseadas y mejorar la experiencia del consumidor.

A pesar de los avances, algunos expertos advierten de que la lucha contra el spam telefónico no será fácil. Las empresas que recurren a estas prácticas suelen operar desde países con legislaciones más permisivas, lo que dificulta su identificación y sanción. Además, el uso de tecnologías como la inteligencia artificial y los sistemas de marcación automática ha permitido a estas compañías aumentar su alcance y eficiencia. Por ello, las autoridades han anunciado que trabajarán en estrecha colaboración con otros países y organismos internacionales para combatir este problema de manera coordinada.