El Gobierno español ha condicionado su autorización a la entrada de la empresa saudí Saudi Telecom Company (STC) en el accionariado de Telefónica, con el fin de preservar la españolidad y estabilidad de la principal empresa de telecomunicaciones del país. Esta acción se añade a la participación del Estado a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), que ha adquirido un 10% de Telefónica, permitiendo así la designación de un consejero y la posible adición de un segundo representante en el consejo de administración, lo que refuerza el papel del Ejecutivo en la compañía.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la aprobación del Ejecutivo estaba vinculada a una serie de condiciones que los inversores saudíes aceptaron. Según el ministro, esta medida garantiza que se preserve la infraestructura crítica de Telefónica y se protejan los intereses nacionales. El gobierno cuenta con la potestad de veto sobre esta transacción bajo el llamado «escudo anti opas», que permite al Ejecutivo bloquear la toma de más del 10% de empresas estratégicas por parte de inversores extranjeros o más del 5% si la empresa está relacionada con la seguridad y la defensa, como es el caso de Telefónica. Esta normativa también le permite imponer condiciones sobre la transacción.

El gobierno ha utilizado esta facultad en otras transacciones recientes, como la entrada del fondo australiano IFM en Naturgy o la adquisición de GIP por BlackRock, así como en la fusión de Orange y MásMóvil y la compra del negocio de Vodafone en España por Zegona. Las condiciones impuestas incluyen mantener la sede social y fiscal en España, aplicar políticas prudentes en el pago de dividendos y asegurar una inversión continua en el país.

En la reciente operación de STC en Telefónica, las condiciones también incluyen salvaguardar las decisiones que afectan a la seguridad nacional y garantizar que la sede social y fiscal permanezca en España. El gobierno ha velado por el mantenimiento de las inversiones en otras operaciones del sector de telecomunicaciones. Por ejemplo, en la fusión de Orange y MásMóvil, el entonces ministro de Transición Digital, José Luis Escrivá, aseguró que la aprobación de la operación incluía un plan industrial ambicioso con una fuerte política de inversiones en infraestructuras digitales. En el caso de la compra del negocio de Vodafone por Zegona, el visto bueno estaba condicionado a garantizar la continuidad del servicio y futuras inversiones, especialmente en cobertura móvil con tecnología 5G.

La entrada de STC en Telefónica, anunciada en septiembre de 2023, también ha llevado al Estado a volver a formar parte del capital de la compañía, décadas después de su completa privatización. La SEPI ha adquirido un 10% del capital de Telefónica, una participación similar a la de STC. La españolidad de la teleco se ve fortalecida por la participación de Criteria Caixa como socio, con un 10%, además del 4,8% de BBVA. Estos movimientos han permitido a la SEPI nombrar a un representante en el consejo de administración, con la posibilidad de designar a un segundo consejero.

De este modo, la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, juega un rol activo en la toma de decisiones de la compañía, con voz y voto en el máximo órgano de administración, además de capacidad de voto en las juntas como uno de los principales accionistas. Las condiciones impuestas ahora no hacen sino reforzar su papel en la teleco.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, comentó en el congreso de directivos de CEDE celebrado en A Coruña, que están a la espera de conocer los detalles de la decisión del Consejo de Ministros. STC no ha manifestado nada nuevo desde el año pasado, cuando comunicó su participación en Telefónica. Álvarez-Pallete destacó la fortaleza de Telefónica gracias a sus accionistas, grandes y pequeños, que brindan estabilidad y apoyo a la operadora, reflejando la confianza de los inversores en la estrategia de la compañía.