El Gobierno remitió el 26 de octubre al Consejo de Estado, su órgano consultivo, un nuevo borrador del real decreto que condiciona el acceso a la red eléctrica de los centros de datos. Sube el umbral de aplicación de 1 a 10 MW y amplía plazos, pero mantiene el requisito de que el 80% del consumo esté cubierto por renovables hora a hora. La Asociación Española de Centros de Datos (Spain DC) lo rechazó al día siguiente.
Qué cambia respecto al primer borrador
El texto desarrolla el mandato del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, el plan de respuesta a la crisis de Oriente Medio, que ordenó fijar requisitos a los centros de datos que se conecten a la red eléctrica. Frente al primer borrador, la antigüedad máxima de las plantas renovables vinculadas pasa de 18 a 36 meses, y la solar queda sin límite. Los contratos de compra de energía bajan de diez a seis años. Desaparece la adicionalidad, el requisito que obligaba a respaldar cada megavatio nuevo de demanda con otro de generación renovable nueva.
El umbral general de aplicación sube de 1 a 10 MW de potencia de acceso. Los centros más pequeños quedan fuera.
Cinco años de plazo a cambio de aceptar el SRAP
El requisito central no cambia: que en cada hora de funcionamiento al menos el 80% de la electricidad consumida proceda de generación renovable producida en ese mismo intervalo. Quien no pueda acreditarlo desde el inicio dispone de un régimen transitorio de hasta cinco años. Durante ese tiempo debe justificar un 60% de consumo renovable en horas punta (P1, las de mayor demanda y precio) hasta el 31 de diciembre de 2028, y un 70% en punta y llano (P1 y P2) desde el 1 de enero de 2029.
La contrapartida es el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP). Los centros que opten por la transición deben participar en él: Red Eléctrica, el operador del sistema, puede ordenarles reducir o cortar su consumo de forma automática cuando la seguridad de la red lo requiera. Participan sin retribución y serían la primera tipología de instalaciones en desconectarse.
Por qué regula el Gobierno
Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el texto mantiene la ambición y los elementos clave del proyecto inicial para evitar los efectos de un desarrollo descontrolado de estas instalaciones sobre los recursos hídricos y el precio de la electricidad. La ministra y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, lo definió como una propuesta ambiciosa y anticipadora, con la experiencia de Países Bajos, Irlanda y Estados Unidos como referencia.
La presión sobre la red es la causa de fondo. En su informe sobre el primer borrador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el regulador del sector, cifró en unos 12 GW los permisos de acceso concedidos a centros de datos, en 27 GW los pendientes y en más de 32 GW las peticiones denegadas.
El rechazo de Spain DC
Spain DC sostiene que el texto conserva las exigencias que hicieron inviable el proyecto inicial. Su objeción principal es el SRAP: según la asociación, el borrador no fija límites claros a la frecuencia ni a la duración de las desconexiones. Su directora ejecutiva, Begoña Villacís, cuestiona que los centros de datos sean la primera industria en apagarse ante un problema del sistema.
La asociación presentará alegaciones adicionales al Consejo de Estado y pedirá a la CNMC un nuevo informe. También estudiará notificar el texto a la Comisión Europea mediante el procedimiento TRIS, el mecanismo por el que los Estados miembros comunican a Bruselas proyectos de normas técnicas sobre servicios de la sociedad de la información, además de otras acciones judiciales si procede.
En septiembre, Spain DC cifró en 9.000 millones de euros las inversiones en peligro, previstas por tres de sus socios que, según la asociación, abandonarían España si se aprueba el texto. Sus estimaciones apuntan a unos 67.000 millones de inversión entre 2026 y 2030. Los servicios jurídicos de las grandes empresas del sector cuestionan además la base legal del decreto: sostienen que excede el mandato del real decreto-ley y que invade competencias autonómicas y de la CNMC.
Excepciones para proyectos públicos
El borrador excluye de su ámbito a los centros cuyo titular sea una entidad del sector público estatal con condición de operador crítico, y a los adscritos a ellas. Prevé además un régimen específico para los centros que formen parte de iniciativas de la Unión Europea destinadas a reforzar la soberanía digital europea, como las gigafactorías de inteligencia artificial. Estos no quedan exentos: aplican los requisitos por fases y durante un plazo limitado, y deben estar bajo control europeo.
El texto no establece expresamente una exención para la gigafactoría de Móra la Nova (Tarragona), un proyecto cuya inversión podría alcanzar los 5.000 millones de euros. Spain DC ve en estas disposiciones un trato de favor a proyectos impulsados por el Gobierno.
Bolsa y calendario
El 27 de octubre, tras conocerse el borrador, Solaria subió un 9,61% en la Bolsa, la mayor alza del Ibex 35, y Merlin Properties más de un 2%. XTB atribuye parte del salto de Solaria al cierre de apuestas a la baja, que según los registros de la CNMV, el supervisor bursátil, sumaban el 7,6% del capital flotante.
El Gobierno tramita el decreto por la vía de urgencia. El dictamen del Consejo de Estado no es vinculante y, por esa vía, tiene un plazo máximo de 15 días. Las Cortes están disueltas desde el Real Decreto 806/2026 y las elecciones generales son el 29 de noviembre. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha dicho que el Gobierno intentará aprobar el decreto antes de esa fecha.